“Vamos a erradicar de una vez por todas la violencia de la sociedad”, afirmaron categóricamente cuando llegaron al poder. Se creó un ministerio formado por prestigiosos sociólogos, estadistas, empresarios y psicólogos, capitaneados por el ministro de la no violencia. Enseguida se pusieron manos a la obra.

Observaron que había una estrecha relación entre la violencia y el consumo de alcohol. Así que, consecuentemente, el alcohol se ilegalizó. “Es un sacrificio que la sociedad debe realizar: el alcohol está estrechamente vinculado a la violencia”, dijeron. El ministerio se congratuló de haber resuelto el problema la violencia y el alcohol. El índice general de violencia apenas disminuyó un 2%, pero este dato no salió en la prensa.

Siguieron investigando y repararon en que muchos casos de violencia se daban durante o justo despues de los partidos de liga. Consecuentemente, se prohibió el fútbol. Algunas voces disidentes insinuaron que quizás estuviesen pagando justos por pecadores. “Es un sacrificio necesario: existe un estrecho vínculo entre fútbol y violencia”, replicaron. La medida fue un gran éxito: una vez hubo desaparecido el fútbol, desapareció por completo la violencia en el fútbol. El ministro se duplicó el salario.

Pero se siguieron dando muchos casos de violencia. Se comprobó que un 75% de las personas implicadas en actos violentos tenían por costumbre ver películas de acción y jugar a videojuegos de lucha. Consecuentemente, se ilegalizaron cine y videojuegos. Hubo quien dijo que quizás se estaba incurriendo en una falacia del recíproco: a lo mejor las personas violentas tenían preferencia por la violencia en el cine o en los videojuegos. “Es un perjuicio necesario, ampliamente compensado por un bien mayor”, repondieron. Afortunadamente para la sociedad, no se volvieron a dar casos de violencia inducida por videojuegos o películas. Los presupuestos del ministerio de la no violencia se incrementaron en un 175%.

Por alguna oscura razón, las personas seguían agrediéndose unas a otras. Se investigó, y se observó que en casi la totalidad de los casos exisitía una discusión previa a la violencia. En consecuencia, discutir se ilegalizó. “Es un pequeño sacrificio necesario para los individuos y un gran paso para la sociedad”, se dijo.

Así que la gente trabajaba y callaba y se iba a casa, y nunca discutía, ni bebía, ni iba al cine ni al fútbol ni jugaba a videojuegos. Se sentaban en la cama y miraban al techo hasta que volvía a sonar el despertador. Pero por algún motivo, dia sí día también alguien se levantaba de su silla de oficina y sin decir nada la emprendía a golpes con un compañero. A veces dos conductores se cruzaban la mirada en un semáforo y acto seguido salían de sus coches y sin mediar palabra se rompían todos los dientes a puñetazos. Hubo un caso de un kioskero que le rompió en la cabeza a un cliente una botella de agua mineral.

Estos casos aislados de violencia (apenas ya un escaso 97% de los existentes antes de implantarse las exitosas medidas) fueron investigados a fondo por el equipo de expertos del ministerio. Después de entrevistar a los detenidos, los psicólogos hallaron que la práctica totalidad de los implicados en casos de violencia eran profundamente infelices. Odiaban sus vidas, sus esclavizantes trabajos, sus míseros salarios, la permanente congestión del tráfico en la ciudad, los elevados intereses de sus hipotecas, la inflación, la amenaza del desempleo, la contaminación, las largas listas de espera de la seguridad social. Esto les sumía en un estado de permanente frustración que a veces se manifestaba de forma violenta. Además, muchos de ellos pensaban que el gobierno no lo estaba haciendo bien.

Los psicólogos concluyeron que había que erradicar la infelicidad. Consecuentemente, la infelicidad fue ilegalizada, al estar estrechamente relacionada con la violencia. Ser infeliz pasó a ser un delito, y se consideró agravante el estar en desacuerdo con el gobierno, “pues cuando se dan ambos factores simultáneamente, la violencia está garantizada”. Para cuando la policía hubo terminado la primera redada, el 42% de la población había sido encarcelada acusada de infelicidad. Algunas voces disidentes pensaron que esto era una medida injusta, pues no todos los infelices eran necesariamente violentos. Estas personas fueron también encarceladas, acusadas de infelicidad con el agravante de estar en desacuerdo con el gobierno.

Los costes del encarcelamiento de casi la mitad de la población se sufragaron subiendo los impuestos a la otra media. Esta medida hizo infelices a algunas personas, que fueron encarceladas para evitar nuevos brotes de violencia. El resto fueron felices y comieron perdices.